El narcotráfico, beneficiario de los encubrimientos en Ciudad Juárez
En cuanto los indicios apuntaron hacia los capos se cortó ahí el camino, subraya el periodista
BLANCHE PETRICH /II Y ULTIMA
Manifestación frente a Los Pinos en demanda de que se esclarezcan los asesinatos de mujeres en Juárez, el 24 de junio FOTO Guillermo Sologuren
La resolución de los feminicidios en la frontera norte no escapa del binomio delincuencia organizada e impunidad, en opinión de Jean Francois Boyer, director del documental La ciudad que mata a las mujeres, que hoy transmite en Francia Canal Plus. ''No quisimos menospreciar el trasfondo de violencia de género, que sin duda está en la base de este fenómeno. Pero de momento nos pareció importante centrarnos en el tema del encubrimiento que beneficia al narcotráfico. Porque episodios protagonizados por aparatos de justicia, como los de El Cerillo o El Canario, son incompatibles con un Estado que se asume como democrático".
Por eso, Boyer pregunta en el documental a José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO): ''¿Las autoridades corruptas encubren por reflejo o porque saben que los responsables pueden ser miembros de la delincuencia?''
-Porque saben que los responsables son miembros de la delincuencia -responde el funcionario.
Las cinco historias que desglosa el reportaje de Boyer, Marc Fernández y Jean Christophe Rampal para el canal francés de televisión abarcan dos sexenios, uno panista y otro priísta.
-¿Responden de manera diferente Francisco Barrio, Patricio Martínez y el actual gobernador José Reyes Baeza Terrazas ante los retos de los feminicidios?
-Barrio recurrió al caso de Abdul Sharif Latif. Fue un gran error judicial; se condenó a un hombre por un crimen que no cometió. Pudo haber cometido otros, pero no ése. Puede ser señalado por el caso de El Egipcio como gran encubridor, pero no incurre en los excesos de Martínez. Barrio no ha sido señalado en informes de inteligencia como narcogobernador, como lo han sido Mario Villanueva, Ernesto Ruffo, Tomás Yarrington o Sergio Estrada. Tampoco tuvo en su equipo a alguien tan señalado por su corrupción como Jesús Silva, el ex procurador. Su gran pecado es que no entró a fondo en el esclarecimiento. No hizo su trabajo.
''Martínez, en cambio, llegó a los excesos de torturar para fabricar culpables. Y al fallar esta estrategia inventó una pista falsa. Cuando Patricio dice 'quiero culpables en tres días', cabe preguntarse: ¿por qué lo dice? ¿Por la presión de la opinión pública o porque sabe quiénes son los asesinos? Pueden ser las dos cosas.''
Poderosas razones para encubrir
-¿Qué intentan demostrar con el documental?
-Creemos que si se resolvieran al menos tres de estos casos podría salir a la luz toda la verdad en cuanto al encubrimiento. Por eso subimos un escalón al plantear que estos asesinatos tienen que ver no sólo con el pinche machismo -que no se descarta-, sino con la delincuencia organizada que cuenta con la protección de la autoridad.
-¿Protección o participación?
-Vasconcelos nos dijo que en abril se reorientaron algunas investigaciones. Les quedaba claro que en el momento en que salían los indicios de la línea hacia el narcotráfico se echaba a andar una maquinaria que cortaba ahí el camino, y que eso lo hacían directamente las policías municipales y estatales. Lo que no podemos sostener, porque no tenemos elementos, es que esas autoridades participaban. Lo que documentamos es que es voluntad del Estado no hacer justicia.
-¿Por qué se esperó hasta la llegada de Daniel Cabeza de Vaca a la Procuraduría General de la República (PGR) para atraer esos 25 casos? ¿Faltó voluntad política a su antecesor, el general Rafael Macedo?
-No es cuestión de personas. Con o sin Macedo tarde o temprano la PGR tenía que atraer esos casos que la SIEDO, creo que con una visión bastante fina, viene siguiendo desde hace tiempo.
Se pregunta Boyer, periodista y cineasta, autor del libro Las guerras perdidas del narcotráfico, publicado en Francia y México: "¿Qué razón tan importante puede haber que permita a la policía tomar a dos hombres, torturarlos y fabricar así un caso? ¿Por qué ninguno de los responsables de esto fueron consignados?"
Efectivamente, a pesar de que la Presidencia creó hace dos años una fiscalía especial para "enderezar" todos los expedientes desviados, ningún mando superior fue tocado. La ahora ex fiscal María de la Luz López Urbina, encargada de revisar y corregir los más de 350 expedientes de los feminicidios, no se atrevió a señalar al responsable directo de la fabricación de estos culpables, el procurador de justicia del estado Jesús Silva. Ni siquiera al subprocurador.
Tensa y evasiva ante las cámaras de la televisión francesa mientras aún era fiscal, López Urbina se explica: "Es que no se acreditó dentro del expediente mismo" esa responsabilidad.
Quien sí resultó consignada por la tortura de El Cerillo y La Foca fue la ex coordinadora de agentes del Ministerio Público Zuly Ponce, quien quedó libre con el pago de 2 mil 500 pesos de fianza. Ya fuera del cargo y de la nómina pública, la ex funcionaria se franquea y confiesa cómo el propio procurador y el comandante de la Policía Judicial de la época la instruían sobre el manejo de las averiguaciones.
Los consejos a Zuly Ponce
"Todas las investigaciones eran supervisadas por nuestros superiores. Hablamos de jerarquías; nosotros éramos agentes del Ministerio Público de rango medio, nada más. Los altos funcionarios eran el procurador, el subprocurador. De allí se recibían todas las instrucciones.''
Una de estas ''instrucciones'', girada directamente por el comandante de la Policía Judicial, ordenó a Ponce detener la investigación que se seguía por el asesinato de Rebeca Manchas, una joven prostituta y dealer que había sido estrangulada en el bar La Metralla. Casi inmediatamente, el Ministerio Público local identificó al culpable, el sicario de un conocido narco de la ciudad.
Zuly Ponce relata cómo, apenas identificado el homicida, recibió una llamada. "Me dijeron que me estaba metiendo con gente muy pesada, que ahí lo dejara. 'Se lo damos como un consejo, licenciada, usted sabe'".
Y como ésta, Ponce recuerda al menos otras dos intervenciones. "Me pidieron incluso que si no quería que hubiera más muertos que retirara a la gente de donde estaba y que me daban 15 minutos para hacerlo. El propio comandante en aquel entonces me pidió que, por favor, si no quería que hubiese una matanza lo hiciera".
Justo cuando Ponce encubría o consignaba conforme a esas instrucciones, otro hallazgo, a finales de 2002, volvió a sacudir las estructuras judiciales de Chihuahua: seis cuerpos más en el monte del Cristo Negro. Nuevamente bajo la presión de la opinión pública, el gobierno de Martínez fabricó otra cortina de humo. Un falso testigo, Javier García Chihuahua, El Canario, "reveló" la existencia de una red de tráfico de órganos. Señaló domicilios, sitios donde habían arrojado cadáveres, dio nombres. ''Todo falso'', responde hoy el subprocurador Vasconcelos.
El nuevo gobierno de Chihuahua, encabezado por José Reyes Baeza Terrazas, asumió el mando el año pasado en medio de sospechas y acusaciones. En enero de este año destituyó al jefe de la Policía Municipal y nombró uno nuevo. Pero muchos jefes de sector, señalados por proteger a los asesinos seriales en el pasado, siguen en sus puestos. No hay señales de que pudiera darse una purga en los cuerpos de seguridad, a pesar de que, también en entrevista, el nuevo jefe policiaco de Ciudad Juárez, Juan Antonio Salgado, reconoce, a insistencia de los reporteros: "Estoy seguro de que hay corrupción en esta corporación con la delincuencia organizada, sí".
La última historia que ilustra el documental es la del grupo La Línea, judiciales ya procesados por la PGR que actuaban bajo el mando del comandante Miguel Loya, segundo al mando de la Policía Judicial de Ciudad Juárez. A ellos se les atribuyen los asesinatos de las narcofosas.
El directivo de la SIEDO explica a la televisión francesa este nexo: "La Línea es una organización criminal conformada por narcotraficantes y por una serie de elementos de las policías estatales que en su momento ya fueron capturados y tenemos ahora procesados. Ellos se encargaban de realizar el trabajo sucio de las organizaciones criminales y de encubrir todas aquellas pistas que pudieran llevar al conocimiento del grupo de los Carrillo Fuentes en sus operaciones".
La cámara de los documentalistas abre una toma del desierto, donde radioaficionados, familiares de víctimas y vecinos organizados en brigadas se despliegan rastreando entre los matorrales. Una voz en off concluye: "Cada semana se descubren aquí osamentas humanas de uno u otro sexo. Por mucho tiempo más, todavía, Ciudad Juárez seguirá siendo la ciudad que mata las mujeres".
